Redacción Central: GCONicaragua
La eliminación de la doble nacionalidad por parte debla dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua tiene implicancias profundas tanto a nivel legal como político y social. Estas son algunas de las principales consecuencias:
- Pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense
Cualquier ciudadano que adquiera otra nacionalidad perdería de inmediato la nicaragüense. Esto implica que miles de nicaragüenses en el exilio —que han solicitado ciudadanía en otros países por razones de seguridad o estabilidad— podrían quedar sin derechos civiles y políticos en Nicaragua. - Afectación de derechos fundamentales
Perder la nacionalidad implica perder derechos como:
El derecho a votar o ser electo.
El derecho a la propiedad en Nicaragua (ya que el Estado podría confiscar bienes de “extranjeros”).
El derecho a regresar libremente al país.
Esto puede usarse como una herramienta de represalia política contra opositores o críticos del régimen.
- Incremento del exilio forzado y la apatridia.
Muchos nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad en años recientes ya viven una situación de apatridia (sin nacionalidad reconocida). Esta medida agrava ese problema, dejando a más personas sin protección diplomática ni derechos básicos internacionales.
- Aislamiento internacional y violación de tratados
La medida contradice convenios internacionales como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Esto puede aumentar el aislamiento diplomático del régimen y generar sanciones o condenas internacionales.
- Impacto en la diáspora nicaragüense
La comunidad nicaragüense en el exterior —especialmente en Costa Rica, Estados Unidos y España— podría verse obligada a elegir entre mantener su nacionalidad o acceder a derechos plenos en su país de residencia. Esto crea una división forzada entre quienes permanecen fieles al régimen y quienes buscan seguridad fuera del país.
Esta medida consolida el control político del régimen sandinista, restringe libertades y derechos fundamentales, y profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive Nicaragua.
