Redacción Central: GCONicaragua
Informe de la ONU: El Gobierno de Nicaragua intensifica la represión contra opositores, apunta a ciudadanos en el exilio
Ginebra, Suiza – El Gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra opositores percibidos mucho más allá de sus fronteras, atacando a ciudadanos nicaragüenses en el extranjero como parte de una campaña intensificada para silenciar a los críticos en el exilio, advirtió hoy el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua en un nuevo informe.
El informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, documenta cómo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha atacado a miles de nicaragüenses en el extranjero –muchos de los cuales huyeron de la nación tras la sangrienta represión de 2018– a través de una serie de medidas severas. Estas incluyen la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibiciones de entrada, negación de pasaportes, confiscación de propiedades, vigilancia digital, amenazas, así como intimidación y castigo de familiares que permanecen en Nicaragua.
Nicaragua: UN Experts warn of escalating repression reaching beyond borders
“El daño que sufren los nicaragüenses exiliados no es el resultado de un evento discreto o una sola violación”, dijo Jan-Michael Simon, Presidente del Grupo. “Toda su vida es desmantelada sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que desemboca en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia generalizada”.
Los Expertos señalaron que 452 personas habían sido privadas de su nacionalidad por orden judicial entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, de las cuales solo una permanece en Nicaragua. Otros también fueron despojados de su nacionalidad sin ningún proceso legal. A muchos otros nicaragüenses en el extranjero se les ha negado la renovación de pasaportes o el acceso a otros documentos oficiales, dejándolos “de facto” apátridas, despojados de su identidad legal, medios de vida y derechos, e impedidos de reconstruir sus vidas en el exterior.
El Grupo también ha documentado informes de violencia física contra nicaragüenses en el exilio, incluido el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado del ejército Roberto Samcam en Costa Rica. Samcam, quien había sido despojado de su nacionalidad en 2023, era un crítico vocal de la represión estatal.
Si bien las investigaciones están en curso y no se ha establecido ningún vínculo con las autoridades nicaragüenses, los Expertos señalaron que este fue al menos el cuarto ataque violento contra exiliados en los últimos años.
“Un clima de miedo se ha extendido por la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para quienes se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos. “Una mano invisible sigue a los exiliados a todas partes: negando pasaportes, amenazándolos a ellos y a sus familias, cortándoles la conexión con su patria”.
En su presentación ante el Consejo, los Expertos también expresaron preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos dentro del país. En este contexto, alertaron sobre el aumento de detenciones masivas simultáneas y la detención prolongada e incomunicada dentro de Nicaragua. Las autoridades se han negado a revelar la suerte y el paradero de docenas de detenidos, actos que equivalen a desapariciones forzadas.
“El resurgimiento de las desapariciones forzadas es uno de los desarrollos más alarmantes que hemos visto desde que el Grupo comenzó su mandato”, dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
Dos muertes recientes bajo custodia ocurrieron mientras los individuos se encontraban detenidos en régimen de incomunicación. El Grupo enfatizó que estas muertes reflejan la brutalidad de las condiciones de detención y las consecuencias letales de la tortura.
“Cuando las personas son detenidas en secreto, torturadas y, en algunos casos, mueren bajo custodia estatal, se incurre en responsabilidad estatal bajo el derecho internacional. Esto apunta a una política deliberada de terror que debe ser confrontada con urgencia”, agregó Peralta.
Los Expertos también destacaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de organizaciones y organismos internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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El Grupo dijo que estos retiros representan una estrategia deliberada para evadir el escrutinio mientras se consolida la impunidad, e hizo un llamado a los Estados para que exijan responsabilidad a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención de la ONU para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
El Grupo también instó a los Estados a tomar medidas integrales para fortalecer la protección de los nicaragüenses en el exilio, incluyendo la facilitación de procedimientos de asilo, refugio o naturalización.